Con el viejo pretexto de que se intenta "capitalizar" y elevar la "eficiencia operativa" de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), el gobierno conservador de Felipe Calderón viene impulsando en el Congreso una privatización disfrazada del organismo.
Según la denuncia formulada por Claudia Sheinbaum, secretaria del Patrimonio Nacional del "gobierno legítimo" que encabeza el opositor Andrés Manuel López Obrador, el presidente Calderón está cabildeando una iniciativa mediante la cual pretende cambiar el régimen actual de Pemex, para convertirlo en una "sociedad de interés público".
El nuevo esquema incluiría la creación de un fideicomiso y permitiría poner a la venta entre personas físicas, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y las administradoras de fondos para el retiro, los llamados "certificados petroleros de fomento social", con lo cual, los grandes bancos podrían "chuparse" los ahorros de los mexicanos.
De acuerdo con cifras de la revista estadounidense Forbes, Pemex es la empresa número 40 de una lista de las 500 más grandes del mundo.
En 2006, sus ingresos sumaron casi 84 mil millones de dólares y sus activos son de casi 100 mil millones. La paraestatal tiene una plantilla de 139 mil trabajadores y está en el sitio 11 entre las mayores petroleras del orbe.
Sin embargo, ocupa el cuarto lugar entre las compañías con mayores pérdidas: siete mil millones de dólares.
La aparente contradicción entre las ventas millonarias de Pemex y sus resultados financieros negativos, tiene un origen bien conocido para los mexicanos: desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), las sucesivas administraciones neoliberales (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox) han mantenido una política fiscal de saqueo y depredación de la mayor empresa del país.
Esta paraestatal aporta alrededor del 40 por ciento de los ingresos presupuestales del sector público, pero el gobierno le quita todas sus utilidades, además de los recursos indispensables para su mantenimiento y desarrollo, con lo cual la empresa se ve obligada a endeudarse.
A ello se suma la endémica corrupción que afecta el funcionamiento de la empresa.
Según el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores José Angel Gurría, quien actualmente dirige la OCDE, si se quita a Pemex como el principal contribuyente mexicano, la recaudación fiscal del gobierno sería la última del mundo.
No obstante, para integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía y sectores académicos, la ausencia de inversión en sectores prioritarios obedece a una estrategia deliberada para destruir a Petróleos Mexicanos y así justificar su privatización plena.
En noviembre de 2005, durante su campaña electoral, Felipe Calderón, definido entonces por el influyente The Wall Street Journal como "el candidato pro empresariado", prometió a inversionistas e industriales de Estados Unidos que abriría el sector energético a la iniciativa privada, incluida la exploración y extracción de hidrocarburos, lo que está vedado por el artículo 27 de la Constitución.
En el marco de la Convención Nacional de la Cámara Americana de Comercio, que reunió a ejecutivos de American Express, Bank of America, Exxon Mobil, Coca-Cola, American Airlines, Bacardi, Union Pacific, Pepsico, Dupont y de decenas de compañías transnacionales, Calderón dijo que de llegar a la Presidencia reestructuraría a Pemex y colocaría "consejeros empresariales".
La promesa está incluida en la actual iniciativa calderonista, que fue previamente consensuada con un grupo de legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN, oficialista) y Revolucionario Institucional (PRI), y presentada ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para ser aprobada en el actual periodo de sesiones.
De acuerdo con la propuesta, el consejo de administración de Pemex estaría integrado por el secretario del ramo y cuatro personas más designadas por el presidente de la República; tres integrantes del sindicato petrolero y siete consejeros ciudadanos, "expertos independientes" que serán nombrados por el Ejecutivo y ratificados por las dos terceras partes del Senado.
Empresa exitosa y apetecida, la privatización de Pemex ha sido demandada bajo presión durante el último cuarto de siglo por sucesivas administraciones de la Casa Blanca y compañías transnacionales del ramo de la energía con casa matriz en Estados Unidos. Pero en los últimos meses las presiones se han intensificado.
En septiembre pasado, cuando luego de unos reñidos comicios y reclamaciones de fraude el tribunal electoral declaró ganador a Felipe Calderón, una de las subsidiarias de Forbes --el consorcio mediático del magnate y político estadounidense Steve Forbes, uno de los financieros del Partido Republicano--, organizó una exclusiva encerrona con empresarios locales para "diseñar el nuevo México".
Aprovechando "el ánimo reformista del gobierno entrante", entre las prioridades del "nuevo México" se propuso impulsar "reformas estructurales" --eufemismo para hablar del desmantelamiento y la venta de las industrias petrolera y eléctrica, aún en poder del Estado--, en particular, "modernizar" el sector energía, las leyes laborales y el sistema fiscal.
Por esos mismos días tuvo lugar una reunión secreta en Banff Spring, una localidad de la provincia de Alberta, Canadá, para "profundizar la integración" de América del Norte, donde participaron tres de los principales asesores del entonces presidente electo Felipe Calderón.
Al encuentro asistieron representantes de grandes corporaciones y del estamento militar estadounidense, incluido el entonces jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld.
Allí se habló de buscar una "zona segura" de abasto de petróleo para la economía de Estados Unidos y uno de los objetivos fue encontrar formas para "desbloquear" el sector energético de México, obstruido por restricciones constitucionales a la propiedad de los hidrocarburos. También se abordaron temas como la interrelación entre los sistemas de defensa de América del Norte, militarización, seguridad nacional, fronteras, migración y la producción de equipo militar.
La delegación mexicana estuvo integrada, entre otros, por Juan Camilo Mouriño, actual jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y sindicado como mano derecha de Calderón; Arturo Sarukhán, embajador designado en Washington y Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República en el gabinete calderonista.
En octubre de 2006, durante una reunión en Monterrey, México, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), Claude Mandil, sugirió a las autoridades locales adoptar medidas para fomentar la inversión privada en exploración, producción y comercialización de hidrocarburos.
El director de la EIA, organismo dependiente del Departamento de Energía de Estados Unidos, dijo entonces que parte de "su trabajo" es tratar de "fomentar las prácticas de mercado", lo que en este caso, además, de aplicarse sus recomendaciones, serviría para "garantizar la seguridad energética de América del Norte".
En enero de este año, en su reporte sobre México, el Departamento de Energía estadounidense aseguró que el gobierno de Calderón era favorable a permitir la inversión privada en "nuevos proyectos"
vinculados con la explotación de petróleo y gas natural, lo que permitiría detener la caída en la producción de Pemex.
En ese contexto se inscribe la actual ofensiva calderonista para privatizar Petróleos Mexicanos, aunque en la jerga neoliberal se utilizan eufemismos o sinónimos vergonzantes tales como "coinversión", "alianza estratégica", "modernización del sector", "asociación tecnológica", "capitalización" e "inversión complementaria a la estatal".
Simples clichés y palabrejas que sólo intentan disimular el real propósito de vender las últimas joyas de la corona: las industrias petrolera y eléctrica. Lo que, de producirse finalmente, afectaría la soberanía energética y la seguridad nacional de México.
posted by JohannaK. @ 11:50 AM
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